Actualmente, Venezuela permite varios tipos de contratos petroleros, aunque muchos se han desarrollado al margen o en reinterpretación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), especialmente desde la aprobación de la Ley Antibloqueo en 2020. Aquí les presento los principales modelos vigentes:
Modelos de contratos petroleros permitidos actualmente en Venezuela
| Tipo de contrato | Base legal / situación actual |
|---|---|
| Empresa mixta | Permitido por la LOH. PDVSA debe tener mayoría accionaria (>50%). Requiere aprobación legislativa. |
| Contrato de servicios operativos | Permitido por la LOH. La empresa privada presta servicios técnicos, sin derecho sobre el crudo. |
| Contrato de participación productiva (CPP) | Introducido por la Ley Antibloqueo. Permite reparto 50/50 de producción. No está previsto en la LOH. |
| Contrato de asistencia técnica (TSA) | Utilizado para delegar funciones específicas. Amparado por la Ley de Contrataciones Públicas. |
| Acuerdo de servicios compartidos | Permite uso conjunto de infraestructura. No está regulado explícitamente en la LOH. |
| Contrato de comercialización internacional | Regula la venta de crudo y derivados. Se rige por normas de comercio internacional y acuerdos bilaterales. |
Notas clave:
- La Ley Antibloqueo ha permitido flexibilizar el marco contractual, otorgando mayor control operativo a privados, incluso sin mayoría estatal.
- Muchos contratos recientes se han firmado sin aprobación legislativa, lo que genera dudas sobre su constitucionalidad y transparencia.
- El modelo CPP (usado por Chevron en la Faja del Orinoco) se considera una “privatización de facto” según expertos legales.
Aquí les dejo una matriz comparativa, que resume los acuerdos entre PDVSA y empresas extranjeras vigentes hasta 2025, donde mostramos aspectos clave como tipo de contrato, base legal, control operativo, participación estatal y riesgos jurídicos:
Matriz comparativa de acuerdos entre PDVSA y empresas extranjeras (2024–2025)
| Empresa | País | Tipo de contrato / modelo | Área de operación | Participación PDVSA | Base legal / marco normativo | Riesgos jurídicos / observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Concord Petroleum Co. (CCPC) | China | Participación Productiva (CPP) | LAGOTRECO, LAGO 5, CRP (Amuay, Cardón, Bajo Grande) | Mínimo 50% (financiado con crudo) | Ley Antibloqueo (confidencialidad contractual) | Cesión operativa total; desplazamiento laboral; sin control parlamentario |
| Anhui Guangda Mining Investing Co. | China | CPP / Operación directa | Lago de Maracaibo | Mínimo 50% | Ley Antibloqueo | Control comercial del crudo; sin licitación pública |
| Aldyl Argentina SA | Argentina | CPP / Servicios productivos | Estado Zulia | Mínimo 50% | Ley Antibloqueo | Participación comercial activa; sin aprobación legislativa |
| Petrozamora (ex-Gazprombank) | Rusia | Empresa mixta reestructurada | Costa Oriental del Lago | PDVSA mayoría accionaria | LOH + Ley Antibloqueo | Reconfigurado tras salida de socio ruso; continuidad jurídica incierta |
| Grupo TNG | Rusia | CPP / Servicios compartidos | Faja del Orinoco | Mínimo 50% | Ley Antibloqueo | Operación en campos maduros; sin transparencia contractual |
| Oranto Petroleum | Nigeria | CPP / Exploración y producción | Occidente venezolano | Mínimo 50% | Ley Antibloqueo | Campos marginales; riesgo técnico y financiero elevado |
| Corporación Petrolera Turca (TPAO) | Turquía | CPP / Servicios técnicos | Oriente venezolano | Mínimo 50% | Ley Antibloqueo | Participación limitada; sin divulgación oficial |
| Chevron (licencia OFAC vencida) | EE.UU. | Empresa mixta / modelo híbrido | Faja del Orinoco | PDVSA mayoría accionaria | LOH + Licencia OFAC (hasta 2025) | Retiro forzado; modelo transitorio; riesgo de sanciones |
| North American Blue Energy Partners | EE.UU. | Intento de CPP (cancelado) | No ejecutado | N/A | Rechazo de licencia OFAC | Retiro por falta de autorización legal para operar |
Aspectos jurídicos clave:
- La mayoría de los contratos se amparan en la Ley Antibloqueo, lo que permite confidencialidad y evita control parlamentario.
- PDVSA mantiene una participación formal del 50%, pero en muchos casos no ejerce control operativo ni comercial real.
- Algunos acuerdos implican cesión de infraestructura crítica, lo que podría violar principios constitucionales de soberanía sobre recursos estratégicos.
- La falta de licitación pública y auditoría externa genera riesgos de nulidad, corrupción y litigios internacionales.
Podemos cerrar este análisis con una conclusión clara, firme y jurídicamente orientada, que sintetice los hallazgos y proyecte implicancias estratégicas:
Conclusión: Cesión encubierta, soberanía comprometida
La revisión de los acuerdos entre PDVSA y empresas extranjeras —especialmente bajo el esquema de participación productiva (CPP) amparado en la Ley Antibloqueo— revela una reconfiguración profunda del régimen jurídico petrolero venezolano, ejecutada sin control parlamentario, sin transparencia contractual y con serias implicancias constitucionales.
La cesión operativa de campos, refinerías e infraestructura crítica a corporaciones como China Concord Petroleum Co. (CCPC), Aldyl Argentina, TPAO y otras, configura una privatización de facto de la industria petrolera, donde el Estado conserva una participación nominal pero pierde capacidad de decisión, fiscalización y soberanía energética.
Desde el punto de vista jurídico, estos acuerdos:
- Eluden la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que exige mayoría estatal, licitación pública y control legislativo.
- Contravienen el artículo 302 de la Constitución, que reserva al Estado la actividad petrolera como estratégica.
- Vulneran principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, al ampararse en cláusulas de confidencialidad absolutas.
Desde el punto de vista político y social, la importación masiva de personal extranjero, el desplazamiento de trabajadores venezolanos y la entrega de activos sin consulta pública constituyen una tragedia nacional, que compromete el futuro energético, laboral y territorial del país.
La comunidad jurídica, los sectores democráticos y la sociedad civil deben exigir:
- La publicación inmediata de todos los contratos firmados bajo la Ley Antibloqueo.
- La revisión constitucional de los modelos de cesión operativa y comercial.
- La restitución del control soberano sobre PDVSA y sus activos.
Venezuela no puede seguir siendo entregada en silencio. La defensa de la soberanía energética es hoy una causa jurídica, política y moral.
