En noviembre pasado, cuando la Policía Federal detuvo a algunos de los empresarios constructores más poderosos de Brasil por operar desde la petrolera Petrobras una red de sobornos y blanqueo de dinero —la llamada operación Lava Jato(Lavacoches)— la todavía presidenta de la empresa, Graça Foster, manifestó ante una estupefacta prensa brasileña que “soñamos con producir más petróleo y también más transparencia”. Su segunda medida, después de contratar dos bufetes de abogados (uno estadounidense, otro brasileño) para realizar una investigación interna “independiente y apolítica”, fue crear una nueva Dirección de Gobernanza que “mejorase sus procesos”. Semanas después, Foster fue arrollada por el ciclón de denuncias,detenciones, retrasos corporativos y malestar nacional que engulle a la mayor empresa pública de América Latina y amenaza de reojo al Gobierno de Dilma Rousseff.
¿Qué parte de su desplome bursátil debe adjudicarse a cuestiones financieras, y cuánto a sus problemas con la Justicia? El profesor y analista económico brasileño Adriano Pires opina que la corrupción es “el principal factor” en su desvalorización, que comenzó a finales de 2011. “Hasta 2013”, sostiene Pires, “el mercado rectificó la intervención exagerada del Gobierno: el control de los precios de la gasolina, por ejemplo, que produjo una deuda gigantesca, y también algunos cambios legislativos”. “Después”, insiste, “la caída ha venido por la corrupción. El hecho de que Petrobras no logre aprobar la auditoría de un balance trimestral, o las dudas derivadas de que sea investigada en Estados Unidos, “proceden enteramente de la operación Lava Jato”.
La mexicana Pemex y la colombiana Ecopetrol también están bajo fuertes sospechas en sus respectivos países por prácticas corruptas. Duncan Wood, director del México Institute (Wilson Center), subraya que el mayor desafío de las petroleras latinoamericanas es “la reforma interna: modificar su cultura empresarial (o, en algunos casos, desarrollar una por primera vez)”. Wood menciona a Pemex, en plena renovación tras haber admitido graves niveles de corrupción. “Muchas empresas públicas no operan como un negocio”, afirma; “no buscan ante todo la eficiencia o el interés del accionista; responden a mandatos gubernamentales, que obligan a producir más petróleo, no de la manera más eficiente, sino para aumentar la exploración y los beneficios”. “Cambiar esa actitud”, que según Wood impregna hasta los Ministerios de Industria, “es una tarea hercúlea. Cambiar una cultura corporativa lleva de cinco a diez años”. Un directivo español del sector puntualiza, sin embargo, que “conviene matizar y no hablar de América Latina como un todo. Una cosa es Venezuela y otra muy distinta Colombia y Perú, donde la injerencia de los Gobiernos se ha caracterizado por la estabilidad de la regulación y el respeto a los contratos”.
“Las realidades han sido hasta ahora diversas”, coincide el analista argentino Nicolás Gadano, para quien “hay que encontrar un modelo de equilibrio que otorgue herramientas a los Estados para obtener rentas de los hidrocarburos, pero en un contexto de mayor rendición de cuentas, transparencia y competencia”. “Deberíamos avanzar hacia un modelo de Sociedades Anónimas (como Petrobras), que cotizan en Bolsas internacionales, donde hay mayor transparencia”, prosigue: “A veces las Bolsas locales no son un termómetro adecuado para evaluar el estado de una compañía”.
El País
