BPA Andorra fue intervenido por manejo y blanqueo de dinero del crimen organizado. Uno de los 3 ejecutivos de la entidad investigados por soborno aceptó comisiones para gestionar transacciones relacionadas con el “desvío de fondos” de PDVSA. A otros dos funcionarios se le vincula con mafias rusas y chinas.
El Gobierno de Andorra ha intervenido este martes la Banca Privada de Andorra (BPA) tras recibir un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que define al banco como “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”. Las autoridades norteamericanas acusan a tres “altos ejecutivos” de BPA de haber facilitado, a cambio de sobornos y comisiones, operaciones vinculadas a la actividad de grupos criminales, en especial de Rusia y China. BPA, propiedad de la familia Cierco, es una de las cinco entidades que operan en el Principado.
El jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha explicado las medidas adoptadas tras ser alertado el lunes, por el Tesoro, de la inminente publicación del informe. Martí trasladó el caso a la Fiscalía y al Instituto Andorrano de Finanzas, que designó a dos interventores. Éstos deben “garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana”, añadió Martí. BPA aclaró que el Consejo de Administración sigue en sus funciones y que abrirá una “investigación interna”. BPA entró en España en 2011 con la compra de Banco de Madrid, que fue la entidad utilizada por la familia Pujol para regularizar los fondos depositados en Andorra y que había mantenido ocultos a Hacienda durante más de 30 años.
El Tesoro de EE UU señala, en un informe contundente, que durante años “altos ejecutivos” de BPA facilitaron transacciones a “blanqueadores que actuaban en beneficio de organizaciones criminales transnacionales”. “La corrupción de los ejecutivos y la debilidad de los controles para luchar contra el blanqueo han convertido a BPA en un vehículo fácil para el lavado de capitales procedente del crimen organizado y de la corrupción”, afirmó en un comunicado Jennifer Shasky, la directora de FinCen, el organismo contra la corrupción del Tesoro. Esos fondos acabaron “en el sistema financiero norteamericano”, al que BPA accedía mediante cuentas en cuatro bancos.
Los fondos depositados en el BPA pueden esconder, según el informe, dinero de grupos criminales de China y Rusia. El documento señala, en concreto, a tres altos ejecutivos de la entidad que diseñaron “servicios financieros a medida” para disfrazar el origen de los fondos. Uno de ellos “proporcionó ayuda fundamental” a Andrei Petrov, que en febrero de 2013 fue detenido en España por blanqueo de capitales en una causa en la que está imputado el exalcalde de Lloret y diputado Xavier Crespo (CiU). Según las autoridades americanas, Petrov también es sospechoso por sus vínculos con Semion Mogilevich, una de las diez personas más buscadas por el FBI.
Un segundo directivo del banco, subraya el informe, aceptó “sobornos” a cambio de gestionar enormes transferencias de dinero para la red de Gao Ping, el presunto cabecilla del caso Emperador. El informe denuncia que el empresario chino blanquea capitales para una organización dedicada, entre otras actividades ilícitas, al tráfico de seres humanos. Ping también “pagó exorbitantes comisiones” al BPA para que aceptara el dinero sin apenas controles. El Tesoro señala a un tercer ejecutivo que también aceptó comisiones para gestionar transacciones —por un valor de hasta 2.000 millones de dólares— relacionadas con el “desvío de fondos” de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El Tesoro de EE UU propone dos medidas para limitar la “capacidad operativa” de BPA en el futuro, que resolverá en dos meses. En concreto, plantea prohibir a las entidades norteamericanas la apertura o mantenimiento de las transacciones que involucren al BPA y, además, aplicar una vigilancia adicional.
“Ahora tenemos las herramientas para bloquear sus bienes y su uso de los sistemas financieros de Estados Unidos”, expresó la Casa Blanca el lunes al anunciar sanciones contra seis altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y una fiscal del Ministerio Público.
Un día después: el Departamento del Tesoro estadounidense señaló a la Banca Privada d’Andorra (BPA) de facilitar el lavado de dinero procedente de organizaciones criminales rusas y chinas y la creación de empresas ficticias que desviaban fondos procedentes de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
“Altos directivos corruptos de Banca Privada d’Andorra y los débiles controles contra el lavado de dinero han hecho de BPA un vehículo fácil para que intermediaros pudieran canalizar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y la trata de personas a través del sistema financiero estadounidense”, explicó Jennifer Shasky Clavery, directora de la Red de Lucha contra Crímenes Financieros (FinCen), entidad del Departamento del Tesoro.
Con la inclusión de BPA en la lista de bancos que considera “de preocupación de primer orden en materia de lavado de capitales”, el Tesoro ha querido “mandar un mensaje de que Estados Unidos está tomando fuertes medidas para proteger la integridad de su sistema financiero de actores criminales”.
Lavado de dinero
Según la FinCen, las presuntas actividades ilícitas de Banca Privada d’Andorra se realizaban a través de la sede central de esta entidad bancaria en el Principado de Andorra, a través de la cual se lavaba dinero procedente “de organizaciones criminales de Rusia y China, corrupción en el extranjero y otras actividades criminales”.
Esta oficina de lucha contra el lavado de capitales acusó a los altos directivos de ese banco andorrano de diseñar “servicios financieros personalizados” para sus clientes pudieran lavar dinero con el fin de “disimular el origen de los fondos”. A cambio, los directivos presuntamente aceptaban “pagos y otros beneficios” de dichos clientes.
Esta oficina del Tesoro acusa a un ejecutivo de BPA de “aceptar comisiones desorbitadas” de intermediarios venezolanos a cambio del “desarrollo de compañías ficticias y complejos productos financieros para canalizar fondos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa)” por valor de 2.000 millones de dólares.
El banco privado BPA, fundado en 1957 y filial del grupo BPA, es uno de los cinco bancos de Andorra, un principado situado en los Pirineos entre España y Francia.
El Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), el regulador financiero del país, intervino este martes la Banca Privada d’Andorra (BPA), entidad que es investigada por el Gobierno de Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.