José Miguel Galindo Sánchez fue, hasta este miércoles, el superintendente de operaciones de Ecopetrol en el departamento del Putumayo, uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la vicepresidencia de operaciones de la estatal petrolera.
Pero fue retirado el lunes, luego de que la Fiscalía ordenó su captura por ser parte de una red que habría recibido 2.000 millones de pesos en sobornos de la multinacional Petrotiger. Según el expediente, Sánchez y cinco empleados más usaron sus cargos para que esa firma obtuviera contratos por cerca de 156.000 millones de pesos.
Hasta ahora, tanto las autoridades de Estados Unidos -que investigan a tres ejecutivos de Petrotiger- como las de Colombia solo conocían el direccionamiento de un contrato por 39,6 millones de dólares, con la firma Manrovar. Pero son cinco más, firmados entre el 2011 y el 2013, como este diario lo anticipó.
De hecho, la semana pasada llegó una comisión del FBI y se llevó los nuevos contratos para anexarlos a los proceso que se les sigue a Joseph Sigelman, presidente de Petrotiger Colombia, a su abogado Gregory Weisman y al ejecutivo Knut Hammarskjold.
La Oficina de Transparencia de la Presidencia ha servido de enlace y apalancó la denuncia.
Los otros capturados son Jaime Eduardo Urueta Martínez, Javier Enrique González Barbosa y Rafael Castillo Arbeláez, funcionarios operativos en Bolívar y Santander.
El martes ya habían sido capturados David Orlando Durán Flórez (exempleado) y su esposa Elgui Hohanna Navarro. A la cuenta de Navarro intentaron girar un soborno para su marido por 333.000 dólares.
“Urueta, González y Castillo eran líderes de campos petroleros con injerencia en la selección de contratistas. Podían incluso reducir sanciones y garantizar contratos. Y hay otro más, Luis Pachón, quien fue retirado de Ecopetrol y denunciado, en 2013”, explicó la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía.
Dos testigos claves
Y agregó que cerca de 1.500 millones de pesos en sobornos se canalizaron por medio de la empresa fachada Az Transportes, creada en Bucaramanga. (Lea también: Sobornos en Ecopetrol: Fiscalía indaga a más implicados y contratos)
Az era dirigida por Eduardo Acosta, quien entregó los pagos a los capturados, que fueron llevados a audiencia de imputación de cargos por cohecho, prevaricato, enriquecimiento ilícito y falsedad.
También será llevado a juicio el exdirectivo de Petrotiger Mauricio Vesga, quien, como lo reveló EL TIEMPO, se convirtió en testigo de la Fiscalía. Ahora, se indaga un nuevo escándalo: la falsedad de documentos en un jugoso contrato de alquiler de tractomulas para transporte de petróleo y derivados.
La Fiscalía acaba de abrir este otro frente de investigación en Ecopetrol.
Tras una investigación de EL TIEMPO, la firma OPL Trailers S.A.S. descubrió que aparece como supuesta socia de Transportes Líquidos de Colombia S.A., una de las empresas escogidas, en 2011, por Ecopetrol para movilizar sus productos y que volvió a ser contratada a finales del 2014 por una suma que supera los 100.000 millones de pesos.
En los documentos que entregó Transportes Líquidos S.A. aparecen las placas de dos tractomulas de OPL Trailers, que ponen a disposición de la petrolera para cumplir con el contrato. Pero OPL niega esos hechos. “Es absolutamente falso. No somos ni socios de ellos ni hemos puesto a disposición nuestras tractomulas. Nunca hemos contratado ni prestado servicios de transporte a Ecopetrol”, dijo Juan Felipe Montoya Muñoz, socio OPL. Y así se lo expresó a Ecopetrol, a la que le exigió que indagara quién usó “abusivamente” el nombre de su empresa.
Ecopetrol inició una indagación interna y dijo que, si se confirma la falsedad, tendría que revisar los procesos de selección de 2013 y 2014.
El apoderado de Transportes Líquidos dijo que no tienen conocimiento de la denuncia de OPL y que desconoce la mención de esa firma en su oferta. “No está ni como accionistas ni con vínculos comerciales con nosotros”, puntualizó. Para aclarar qué pasó, el caso ya está en la Fiscalía por denuncia de OPL.
El Tiempo
